Piratería en Uruguay: TV Cable sin apoyo de la Justicia

“Tenemos una ley que nos ampara desde hace dos años, pero luego chocamos con la ineficiencia de la Justicia que no aporta señales claras para los demás infractores, entonces es como si nada”. Así describen los cableoperadores de la capital y el interior de Uruguay, consultados por produ.com, la situación actual del hurto de señal, una forma de piratería en la que se incurre prácticamente desde que la televisión para abonados irrumpió en el país, en el año 1994, pero que recién tuvo tratamiento legislativo ocho años más tarde, en el 2002.La Ley 17.520 sobre el “Uso indebido de señales destinadas a ser recibidas en régimen de suscripción” está definida como una buena herramienta por los operadores de TV por Cable, pero seguidamente “quedamos con las manos atadas. La semana pasada denunciamos a un ciudadano que hurtaba señal desde su domicilio, pero luego la Justicia no lo procesó, entonces seguramente los vecinos observan que no hay castigo y podrán optar por hacer lo mismo”, señaló el gerente general de una de las empresas de TV para abonados de Montevideo que pidió no ser identificado.Las cifras estadísticas, que corresponden a diciembre del 2003 y se refieren específicamente a Montevideo, indican que el hurto de señal se sitúa en un 2% de los hogares de la capital y en un 10% de los hogares conectados. No hay números exactos respecto del interior del país.De acuerdo a la información proporcionada desde la Gerencia de TCC, una de las empresas de cable que operan en Montevideo, el recupero con los trabajos desarrollados alcanzó el 21% de los hurtos detectados, aclarándose que “los hurtos detectados representan casi el 100% de los hurtos existentes al conocerse claramente si un hogar debería tener sistema de TV por cable o no”.A modo de comparación, las cifras a noviembre del 2002 eran de 5,2% de hurtos sobre los hogares de Montevideo y de un 19% sobre los hogares conectados. A noviembre del 2000, los números que se manejaban indicaban un 6,6% de los hogares de la capital.Desde TCC, su gerente general, Javier Ruete, indicó a produ.com que “sin dudas las campañas de regularización y publicidad han permitido bajar claramente los índices a menos de la mitad en un solo año, aunque todavía quedan varias etapas por recorrer”.El Senado y la Cámara de Diputados del Uruguay decretaron, el 9 de julio del 2002, la Ley 17.520, que en su artículo 1° indica que “el que, para provecho propio o de un tercero, captare señales trasmitidas por cualquier medio destinadas exclusivamente a ser recibidas en régimen de abonados, sin serlo, será castigado con 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables), de multa o prisión equivalente”.En su momento (año 2002) y apenas había entrado en vigor la mencionada ley, los casos de piratería en los cuales actuó la Justicia Penal fueron debidamente publicitados en los medios damnificados, pero con el correr del tiempo las denuncias decayeron “aunque no necesariamente disminuyeron los piratas de señal que ‘pinchan’ el cable, dañando nuestras instalaciones y ocasionándole perjuicios a los abonados al servicio”, dicen los cableoperadores.También la ley pena con prisión, de 3 a 24 meses, a la persona que “fabrique, importe, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo o sistema diseñado exclusivamente para eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos que los titulares autorizados de la señal hayan instalado, para su protección”.