AIR exhorta al Gobierno ecuatoriano a revisar la medida sobre Gamavisión y TC Televisión

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), que representa a más de 17 mil emisoras privadas de radio y televisión de América, Asia y Europa, hizo pública su opinión sobre la intervención del Gobierno ecuatoriano de los canales Gamavisión y TC Televisión y otros cuatro medios de comunicación, en el marco de un juicio contra sus supuestos propietarios William y Roberto Isaías, ambos residentes en Miami y pedidos en extradición a EE UU por parte de la justicia ecuatoriana.La entidad manifestó su “preocupación” ante la ocupación policial e “incautación” de los canales de televisión TC y Gamavisión acontecidas por orden de la Agencia de Garantía de Depósitos.“Esta medida afecta severamente la libertad de expresión, prueba de ello es que lo primero en suspenderse fueron sus noticieros, y por cuanto ambos medios serán administrados por directores designados por el Poder Ejecutivo ecuatoriano que determinarán la orientación informativa y programática de los mismos, limitándose de esta forma el derecho del público a continuar recibiendo los contenidos de su preferencia por un medio profesional e independiente”, dice el comunicado.Continúa afirmando que “la gravedad de este atentado contra la libertad de expresión es aún mayor, considerando las reiteradas críticas en contra de los medios de comunicación por parte del gobierno ecuatoriano, las continuas amenazas de regulaciones y tributaciones adicionales y el cierre de Radio Sucre, bajo el ya conocido expediente de la no renovación de su licencia”.AIR agrega que, como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos, “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, y que, como lo afirma la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.Finalmente exhorta a la Agencia de Garantías de Depósitos y a las autoridades ecuatorianas a “rectificar la medida de incautación de los canales, restableciendo las condiciones para que operen con plenas garantías para la libertad de expresión, tanto en lo que concierne a su línea editorial como al derecho de la ciudadanía a elegir libremente el medio por el cual ser informada”.