TELEVISIÓN
Sergio Michelen-Jaramillo: sin agenda conjunta la TV paga colombiana seguirá con problemas
24 de febrero de 2005
Michelen-Jaramillo: La división entre operadores formales, televisoras comunitarias, comunidades organizadas, emisoras de señales incidentales, ha creado un enorme agujero negro
(Omar Méndez, enviado especial a Cartagena). Lleva años siguiendo los cambios sufridos por la televisión por suscripción de su país por lo que bien merece el calificativo de perito en la materia. Sergio Michelen-Jaramillo, hoy un analista del área de las comunicaciones del estudio de abogados Brigard & Urrutia de Bogotá, estuvo involucrado en los largos debates de la Primera Cumbre de reguladores latinoamericanos que se organizó en Andina Link 2005. Lo expuso en el evento y se lo remarcó a produ.com: el negocio requiere urgentemente de unión de todas las partes involucradas, tanto de quienes se sienten perjudicados con el altísimo nivel de clandestinidad como también de aquellos que están sentados en el banquillo de los acusados. ¿Cuál es la columna vertebral de los males del mercado, según su visión, y por qué el compromiso de todos, hasta el de los clandestinos, es la única solución?*”No hay coordinación entre los actores del negocio; todos se reconocen víctimas pero no se deciden políticas unificadas para afrontar la piratería. *La división entre operadores formales, televisoras comunitarias, comunidades organizadas, emisoras de señales incidentales, ha creado un enorme agujero negro que acarrea alrededor de US$150 millones de pérdidas anuales a los programadores, a los operadores formales, al Estado.*El abono promedio actual hace peligrar el negocio para los legales.*Otra cuestión que problematiza al sector es el 7,5% que le cobra la CNTV a las empresas legales de TV por suscripción sobre todo sus ingresos. Esto es irregular tanto por la cantidad, que lo debe convertir en el impuesto más oneroso para una empresa de TV cerrada que se cobra en el mundo, como también por su aplicación. Es claro que ese gravamen corresponde sólo a los ingresos de un sistema por la prestación de sus servicios y no sobre el total de sus ingresos. Es una injusticia que daña más a las empresas que quieren vivir bajo la legalidad”.”Hay que hacer algo en cada uno de estos aspectos de una manera consensuada, con la participación de todos los que forman la cadena de perjudicados y también de los sistemas ilegales, a los que le conviene normalizar su situación para que el mercado tenga reglas de juego cristalinas. Se requiere una agenda conjunta, comprometida, y mucha acción”, destacó Michelen-Jaramillo.
