
Julio Speranza, Horacio Rodríguez, Gonzalo Fernández y Cristina Olaso
La Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) entregó al Poder Ejecutivo un documento donde expresa diversas ideas sobre el sector, relacionadas especialmente con la defensa de los cables independientes agrupados desde el año 1996. Las opiniones de CUTA fueron resumidas por su presidente, Horacio Rodríguez, acompañado por Cristina Olaso y Julio César Speranza, quienes mantuvieron un encuentro con el secretario de la Presidencia de la República, Gonzalo Fernández.Según la cámara presidida por Horacio Rodríguez, el servicio brindado por la televisión para abonados no puede hoy ubicarse exclusivamente solo dentro de la industria del entretenimiento, sino que tiene influencia dentro del desarrollo cultural de las distintas comunidades y además permite materializar el derecho al acceso a una información amplia y plural, necesaria en la formación de una sociedad democrática.“El servicio de televisión para abonados, como servicio universal, requiere de una regulación específica no pudiendo guiarse exclusivamente por las leyes de mercado o por la ley de la oferta y la demanda exclusivamente”, dijo Rodríguez a produ.com.“El impacto cultural de la televisión para abonados en nuestro país, tiene mucha mayor trascendencia desde el punto de vista cultural en el interior del país que en Montevideo. En muchos lugares del interior, antes de la televisión para abonados, podía accederse a la radio y eventualmente a las repetidoras de la red y a los canales abiertos de los países vecinos. Por todas esas particularidades y otras, se trata de un sector de la economía sujeto a regulación”, señala el trabajo presentado.”El concepto de servicio universal, hace que este sector necesite de una regulación determinada, ya que en principio, la autoridad entiende que dicho servicio debe ser cubierto con un estándar mínimo al que todos los usuarios tienen derecho a acceder, y ese tipo de prestaciones no surgirían de esa forma espontánea como prestaciones de mercado, los empresarios seguramente no estarían interesados en prestar servicio en determinados barrios de las localidades adjudicadas sea por la poca penetración que esa zona pueda tener, por los problemas de morosidad o por los referidos a la piratería, lo que hace que el regulador intervenga para lograr la universalidad”, agrega.Asimismo, se planteó la necesidad de reclamar al Poder Ejecutivo una clara fijación de la política de telecomunicaciones a efectos de que los empresarios puedan tomar sus decisiones con la información suficiente.