Porras de Cablecentro Colombia: “Falta voluntad política para enfrentar la piratería”

(Nubia Gamboa, Bogotá). La piratería en Colombia continua siendo un tema de gran complejidad no sólo por los múltiples perjuicios que ocasiona a la industria, sino por los escasos avances que a la fecha se han logrado para frenar o disminuir este flagelo en ascenso permanente. De los 10 millones de usuarios conectados a un sistema de TV cerrada, que hoy se calcula existen en Colombia, 1,3 millón son legales, 2 millones reciben la programación a través de empresas comunitarias con señales incidentales y codificadas, y el resto son ilegales. Aunque cableoperadores, programadores y entes reguladores han desarrollado medidas para combatir el fenómeno, los resultados hasta el momento son pobres. Carlos Mario Porras, secretario general y encargado del manejo de la piratería de Cablecentro, uno de los principales operadores del país, explicó a produ.com que esta empresa tiene un equipo de personas dedicado a detectar usuarios y empresas piratas, cuya prioridad es denunciar el máximo numero de operadores ilegales. “Contamos con los instrumentos legales que nos brinda la legislación, diferentes tipos de acciones legales, una desde el punto de vista penal, otra administrativa ejercida por la Comisión Nacional de Televisión y una tercera que es ante la jurisdicción civil”, señaló. Porras explicó que en la parte penal cuentan con el apoyo de la Unidad de Delitos Contra Derechos Morales de Bogotá, y de la Unidad Nacional de Derechos de Autor, pero lamentablemente el cúmulo de trabajo es tan grande que es muy difícil tener una acción pronta, además este tipo de conductas penales no tienen una sanción grave, es decir, no hay lugar a detención de la persona, por lo que es muy difícil lograr una persuasión en el agente que comete el delito. En su opinión, la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, no ha tenido una actividad en el sentido de combatir eficazmente la piratería. “Entendemos que la Comisión tenga algunas limitaciones jurídicas y materiales, pero por estas situaciones es muy grave el problema, pues la piratería no permite el desarrollo del sector. Quisiéramos una actividad más oportuna y eficaz para combatirla, igualmente se debe ser más exigente en el proceso de adjudicación de licencias comunitarias, y ejercer un control más eficaz sobre ellas”, puntualizó.El directivo refirió, que en materia de regulación, en el último año no se han hecho grandes avances, solo se está intentando expedir un acuerdo por parte de la CNTV para hacer más ágil las diligencias. “Falta compromiso y voluntad política para enfrentar la piratería, más que normas lo que hay que hacer es disponer de una verdadera voluntad y decisión para combatirla, proveyendo los recursos oportunos, suministrando el personal necesario y logrando la disposición de las autoridades para ayudar en los operativos”. A su consideración, también se hace necesaria la colaboración de los programadores evitando vender programación a empresas que no tengan licencia o título habilitante. “En este sentido sería muy valioso, que teniendo en cuenta la importancia del mercado colombiano, estas empresas destinaran un porcentaje de sus utilidades a la creación de campañas donde se enfatice la recuperación de valores como la honestidad; a la instauración de un pool de abogados que se dedicara a combatir la ilegalidad; a la capacitación de las autoridades y la dotación de equipos técnicos para la Fiscalía, que le permitieran desarrollar eficazmente su labor”.Para entender la magnitud del fenómeno, en opinión de Porras, hay que tener en cuenta las diferentes modalidades de piratería que operan en Colombia. En primer lugar se encuentran las empresas clandestinas que no cuentan con ningún tipo de titulo habilitante para la prestación del servicio, no pagan derechos por programación, ni pagos legales al Estado, tales como compensación, derechos de licencia, evaden los pagos tributarios y en muchas ocasiones no pagan las obligaciones laborales.En segundo lugar, están las empresas con ropaje de comunitarias, en las que se amparan grandes empresas atrás de algunas organizaciones comunitarias, que les permiten recepcionar y distribuir canales codificados, pero aunque según la norma no pueden recibir más de siete señales, engañan a los programadores y contratan canales que exceden el numero de autorizados. Dentro de esta modalidad se han encontrado comunidades que distribuyen más 25 o 30 canales codificados.Otra modalidad en Colombia es el subreporte de concesionarios legales, que a través de algunas figuras del derecho tales como las agencias comerciales, regidas por mandatos comerciales, permiten tercerizar la operación en empresas sobre las cuales los órganos gubernamentales no tienen facultad para auditarlos o no son sujetos de control estatal. Por último, se encuentran los usuarios que se conectan ilegalmente a redes legales, a través de bandas organizadas o funcionarios de empresas. Este tipo de piratería es considerablemente grande, pues hay casos en los cuales se presentan un número de dos usuarios ilegales por cada usuario legal.En conclusión de Porras, es muy poco lo que se ha hecho de manera conjunta para frenar la piratería en Colombia, sin embargo ahora que esta en proceso de consolidación la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia, TVPC, el gremio espera que surjan actividades que les permitan combatirla de una manera más efectiva.