El gobierno español presentó un proyecto de ley que propone penar con una multa, que irá de tres a doce meses, al que utilice sin autorización equipos y programas para acceder a servicios de televisión paga o a servicios prestados vía electrónica, además de decomisar los objetos utilizados.También se está evaluando penar con seis meses hasta dos años de prisión el facilitar o suministrar, con fines comerciales, medios para acceder sin consentimiento a radio y televisión paga o servicios prestados por vía electrónica, o el alterar los números identificatorios de equipos de telecomunicación o duplicarlos.Con multa de seis a 24 meses se castigará el facilitar el acceso a estas emisiones codificadas si no se hace con ánimo de lucro y la fabricación, introducción, posesión o facilitación de programas de computación para cometer estafas.
