Finalmente, el Gobierno de Argentina envió este jueves al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales que busca reemplazar la vigente Ley de Radiodifusión, redactada durante los últimos años de la dictadura militar (1976-1983).La aprobación de la nueva Ley supondrá una estocada al corazón de los negocios de Grupo Clarín, el multimedios más poderoso del país, que mantiene un público enfrentamiento con el Gobierno de Cristina Fernández, cuya gestión dispone de mayoría parlamentaria hasta diciembre de este año.De aprobarse, la Ley podría provocar daños irreparables para las arcas del grupo pues obligaría a los propietarios de TV por suscripción a limitar sus operaciones a no más de 24 localidades a la vez; también la misma letra propuesta prohíbe tener más de 35% de abonados sobre el total nacional. Clarín concentra a través de la fusión CableVisión-Multicanal 3 millones de abonados de los 6 millones que posee el total de la TV restringida del país, y que le reporta al grupo casi 70% del total de su facturación. A esto se agrega el permiso que se les daría a las empresas de servicios públicos, como las telefónicas, para brindar servicios de televisión. Con esto, las incumbentes Telefónica y Telecom, impedidas de operar TV paga de por vida en el país, podrían sumarse a la estratégica oferta triple play.También se sumará la prohibición de operar un canal de aire y una red de cable en la misma localidad, lo que lo obligaría a Clarín a vender Canal 13 para quedarse con Cablevisión-Multicanal o viceversa, y también a deshacerse de activos clave en algunas provincias.El proyecto también reserva un 33% del espacio radioléctrico para canales y radios de organizaciones sin fines de lucro, como sindicatos e iglesias, que hasta ahora no podían ser propietarios de licencias para operar canales de televisión y radios. Crea además una autoridad regulatoria que revisará cada dos años las condiciones en que se entregan las licencias.
