Teddy Bautista, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una de las entidades que ha promovido la Mesa Antipiratería
La industria española del ocio y el entretenimiento se ha unido en torno a la Mesa Antipiratería para combatir un fraude estimado en 130.000 millones de pesetas (US$700 millones) al año.Durante su presentación el martes 4 de diciembre en Madrid, la Mesa reclamó a las autoridades españolas la toma de medidas urgentes ante las ventas de copias ilegales de discos, videos, libros, videojuegos, productos informáticos y las emisiones no autorizadas de programas audiovisuales. Además solicitó la modificación de las actuales leyes sobre derechos de propiedad intelectual, una mayor implicación de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la puesta en marcha de un plan de concientización pública.En la campaña participan 18 empresas, asociaciones y entidades de gestión que representan a 98% de los artistas que trabajan en España. También aparecen 64 productores musicales, 9.000 artistas, intérpretes y ejecutantes, 308 agentes y representantes, 20 empresas de distribución de soportes, 798 editoriales y compañías de TV paga, entre otras. Por sectores, según los datos presentados por la Mesa, la industria discográfica perdió por copias ilegales 15.000 millones de pesetas (US$80,2 millones).La reproducción ilícita de material impreso generó pérdidas cercanas a 45.000 millones de pesetas (US$240,6 millones) y los daños a los productores audiovisuales ascendieron a 3.850 millones de pesetas (20,6 millones).En el ámbito videográfico, las pérdidas fueron de 2.500 millones de pesetas (US$13,37 millones), los fabricantes de videojuegos perdieron 30.000 millones (US$160,4 millones) por las copias ilegales y el negocio del sóftwer dejó de ingresar unos 30.500 millones (US$163,1 millones).La Mesa Antipiratería quiere aprovechar la presidencia española de la Unión Europea en 2002 para actuar contra estas prácticas, con iniciativas como la celebración de un congreso internacional el próximo mes de abril, la elaboración de un estudio pormenorizado y comparativo entre los diferentes países europeos y la creación de un comité de expertos jurídicos.
