Entre 2 y 3 millones de informales siguen nublando el negocio de la TV paga en Colombia

(Nubia Gamboa, Cartagena de Indias) A pesar de su gran potencial, la industria de la TV paga en Colombia no ha alcanzado el nivel de plenitud de un sector con dieciocho años de actividades, debido principalmente a la piratería. Con un 1,3 millones de hogares abonados oficiales y entre 2 y 3 millones que reciben la señal a través de sistemas ilegales, la industria ha convivido con la informalidad desde su nacimiento y se ha desarrollado de su mano. Los orígenes del negocio en Colombia se remontan a 1986, cuando el gobierno adjudicó las primeras 13 concesiones para prestar el servicio en 11 municipios, de los 1.059 que conformaban entonces el territorio nacional. Como la cobertura geográfica de esas licencias no superaba el 5% del país y la cobertura poblacional llegaba apenas al 30%, equivalente a que el 70% de los colombianos no tuviera acceso legal a las señales internacionales, empezaron a proliferar empresas informales que ante la demanda del servicio se encargaron de bajarlas sin ningún control, dando inicio a una prolongada etapa de clandestinidad. Durante este tiempo la TV por suscripción nunca estuvo sometida a un marco regulatorio claro y el Ministerio de Comunicaciones no ejerció de manera permanente la supervisión y vigilancia que debía sobre los concesionarios, lo que actuó como un acelerador del fenómeno. Sin embargo esta etapa de estancamiento para la industria empieza a transformarse luego de que el Gobierno Nacional le asigna en 1995 a la Comisión Nacional de Televisión, CNTV, la labor de regular y procurar la legalización de la TV por suscripción en el país. La nueva reglamentación desarrolla el mandato legal que obliga a que las concesiones sean otorgadas mediante licitación pública, y define las calidades del titular del la concesión, las áreas de cubrimiento, las tecnologías de la distribución de la señal, el porcentaje de programación nacional, el pago de los derechos de autor y el régimen de sanciones para quienes infrinjan las normas allí establecidas. Para hacerle frente a la informalidad el entre regulador suscribió en asocio con los organismos de seguridad del Estado en 1999, el Convenio Antipiratería y desde entonces ha adelantado diversas actividades tales como la creación de campañas publicitarias para informar al público sobre la gravedad de este delito; ha desarrollado jornadas de capacitación a las entidades que ejercen funciones de policía judicial; ha participado y proporcionado el apoyo necesario a la Fiscalía General de la Nación en la práctica de múltiples diligencias y ha extendido sus controles a las compañías internacionales que sin ninguna verificación sobre las condiciones de legalidad de los operadores les venden sus señales a sistemas que funcionan informalmente.En 1999 la Comisión Nacional de Televisión creó un Registro Único de Operadores del Servicio de Televisión por Suscripción para lo cual abrió tres licitaciones en los niveles Municipal (menor de 100 mil habitantes), Distrital (igual o mayor a 100 mil habitantes) y Zonal, que a su vez dividió al país en tres zonas, centro, occidente y norte. Esta fue una de las licitaciones públicas más grandes de Latinoamérica en lo concerniente a TV paga, fruto de la cual se constituyeron las 78 empresas que actualmente operan en el país.Dentro de ese grupo han logrado un importante nivel de crecimiento empresas tales como EPM (Empresas Públicas de Medellín) con un cifra aproximada de 201.980 abonados; Cablecentro con 166.000; Cable Unión de Occidente con 132.000; Superview con 72.000; TV Cable Bogotá con 62.000; Cable Pacífico con 56.000; Galaxy de Colombia con 44.650; Sky Colombia con 39.427; Teledinámica de Barranquilla con 34.269; TV Cable Promisión de Bucaramanga con 39.427 y Costavisión de Cartagena con 33.899.Como parte de las iniciativas para avanzar en el proceso de normalización, la CNTV contrató una auditoría integral, financiera, administrativa y de plataforma tecnológica para los contratos de concesión del servicio público de TV por suscripción, que empezó a operar desde el 23 de enero con la cual el ente regulador espera contribuir a acelerar el proceso de desarrollo y crecimiento que ha empezado a vivir la industria en los últimos cinco años.