En Vivo Enrique Cerezo Egeda en Iberseries
La situación en Uruguay —donde una iniciativa legislativa
intenta excluir a los productores uruguayos e internacionales de la gestión
colectiva de sus derechos— es tema de conversación en Iberseries & Platino
Industria.
EGEDA está impulsando, en el marco del evento, la
firma de un manifiesto para apoyar a los productores uruguayos. Enrique Cerezo,
presidente de EGEDA, subrayó que el manifiesto apunta a llegar al gobierno
uruguayo.
El comunicado de EGEDA – FIAPF – FIPCA que presenta
el manifiesto, explica el conflicto de esta manera:
“Bajo la interesada iniciativa del senador Jorge
Gandini, la Comisión de Presupuestos del Senado de la República Oriental del
Uruguay dictaminó favorablemente un proyecto de ley que excluye
arbitraria e injustamente a los productores audiovisuales uruguayos e
internacionales de la gestión de sus derechos.
Esta iniciativa perseguida desde hace años en
Uruguay mediante el lobby conjunto de operadores-usuarios de los derechos junto
con otros interesados en mantener un monopolio en el mercado, impulsa una
reforma de la Ley de Derechos de Autor, a través de un artículo de la Ley de
Rendición de Cuentas a aprobarse en la primera quincena de octubre.
Usando un artificio legal, prohíbe a los
productores audiovisuales del mundo entero autorizar y cobrar los derechos de
comunicación pública de gestión colectiva de sus obras en Uruguay. Todo para
simple e ilícitamente beneficiar a grandes grupos económicos del país que son
usuarios de los derechos de los productores.
Este proyecto será votado por el Senado
Uruguayo en la primera semana de octubre y la siguiente semana en la Cámara de
Diputados y supone una discriminación y expropiación al colectivo de los
productores audiovisuales negándoles sus derechos que sí se reconocen a otros
titulares de derechos.
Te invitamos a ser parte del manifiesto adjunto,
que pretende alertar a los legisladores uruguayos sobre la violación de los
derechos de los productores audiovisuales que, de consolidarse, será
cuestionada judicialmente tanto en Uruguay como a nivel internacional, en un
país que debería ser garante de la seguridad jurídica de las inversiones, tanto
nacionales como extranjeras”.
