El presidente de InterCable figura entre los cableoperadores más decididos a luchar contra las operaciones ilegales
(Omar Méndez, enviado especial a Cartagena). La televisión paga de Venezuela ha dado en las últimas horas un paso clave en su lucha contra el gran flagelo de la industria: las operaciones clandestinas. En la noche de este martes, los cuatro grandes operadores -InterCable, DIRECTV, SuperCable y NetUno- llegaron a un acuerdo con un importante número de programadores para crear un programa de acciones conjuntas contra la piratería organizada, tanto la que utiliza como plataforma los servicios DTH como la que apela a falsos informes para ocultar su verdadero parque de abonados. Las empresas involucradas crearán un fondo común que se utilizará para sostener los costos de las acciones legales y auditorías. En Venezuela hay 180 operaciones clandestinas que suman más de 350 mil clientes. Entre las legales, hay aproximadamente 40 compañías que cuentan con licencia pero que no son auditadas por las programadoras. Para los cuatro líderes del mercado, esa decisión enturbia el negocio. “Nosotros tenemos sospechas por las tarifas que cobran: es muy difícil que estén pagando a las programadoras lo que pagamos los operadores grandes. Es por eso que resulta muy importante este compromiso de los propietarios de canales”, le destacó a produ.com, en Andina Link, el presidente de InterCable, Eduardo Stigol, uno de los operadores que más ha bregado por la conformación de un frente común. El plan de auditorías buscará detectar fundamentalmente los sistemas clandestinos que usan equipamientos y el servicio de DIRECTV para montar sus redes en Venezuela.”Se está evaluando la cantidad de auditorías que se requieren por mes. Serían necesarias por lo menos unas 10 acciones mensuales en el inicio. Esa clase de piratería se ha vuelto incontrolable. Cuando los programadores dedicieron venderle en la región sus señales a DIRECTV y Sky no evaluaron la dimensión de lo que podía ocurrir; no se dieron cuenta de que lo estaban haciendo en un territorio en el que impera la ley de la selva. Tendrían que haberlo previsto. Eso se puede hacer en EE UU, en Europa, en dónde sí hay coto para aquellos que roban un servicio pero no en América Latina”, criticó Stigol,En marzo, la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu) reunirá a la coordinadora de entes públicos que deben intervenir en las acciones. Paralelamente se decidirán los estudios jurídicos que intervendrán en las auditorías que se realizarán a partir de abril en todo el país.
