Correo y Prisa principales damnificados por reforma audiovisual española

Los grupos de comunicación Prisa y Correo Prensa Española aparecen como los grandes damnificados por la enmienda aprobada esta semana por el Senado español –con mayoría del Partido Popular, en el Gobierno– ordenando que cualquier empresa que participe en una TV de ámbito nacional tendrá como plazo un año para desinvertir su participación en televisiones de ámbito autonómico o local.La inesperada medida, que modifica a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos la Ley de TV privada de 1988, obliga a Prisa a elegir entre 21% con que cuenta en Sogecable (propietario del operador de TV paga Canal Plus) o Pretesa, la sociedad que explota la marca de TV local, Localia, con 67 emisoras locales a lo largo del país.En el caso del Grupo Correo Prensa Española, la disyuntiva se plantea entre su control de 25% en la cadena generalista Telecinco y una red de 32 cadenas autonómicas y locales. “Sorpresa e indignación” han sido los términos empleados por Correo para definir el efecto que la noticia de la modificación de la ley ha tenido en el grupo. Correo cree “absolutamente inadecuado” recurrir a una enmienda a la Ley de Acompañamiento para regular un sector de tanta trascendencia social como el audiovisual, “muestra clara de la improvisación e intervencionismo del Gobierno en todo lo relativo al ámbito de la comunicación”.Prisa, en un tono más diplomático, precisó, según el diario El País, que se encuentra “a la espera de que salgan adelante las enmiendas para hacer una valoración concreta” y manifestó estar dispuesto a “colaborar” con el Gobierno “en la definición de un modelo audiovisual en el que se cuente con la opinión de todos los implicados en el sector: operadores, industria y usuarios”.El principal partido de la oposición, el PSOE, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional español la reforma audiovisual introducida en el Senado. Para la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), el procedimiento empleado por el Gobierno es “oscurantista” y conduce “a una política de hechos consumados” que “escamotea a la sociedad y al Parlamento la discusión en profundidad sobre unas medidas de gran importancia y trascendencia futura”.