TELEVISIÓN

Carlos Porras y Carolina Peña acusan a la CNTV de Colombia

4 de febrero de 2005

“Es muy grave el problema, pues la piratería no permite el desarrollo del sector”, subrayó Porras

(Omar Méndez). Dentro de los numerosos temas polémicos que se llevarán a la mesa de debates de Andina Link (Cartagena de Indias, 21-24 de febrero) hay uno en especial que reune todas las características para que sea el más ríspido: la confrontación de gran parte del sector de la televisión por suscripción local con la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) de Colombia. El evento aparece como un escenario ideal para que ese choque se haga explícito y no quede en simples y sordas diatribas unilaterales. En la cita ya han comprometido su participación muchos empresarios del sector -varios de ellos envueltos en refriegas intestinas- y más de un comisionado del ente tan criticado. ¿Qué es lo que produce tanta aversión de los operadores formales por la CNTV? Gravámenes insólitos, inacción e incompetencia, son las tres razones principales.”Hay una falta de control general por parte de la CNTV. Y en ese contexto de tanta ilegalidad permitida nosotros exigimos que se respeten los parámetros fijados en la ley 182. La CNTV nunca hizo un estudio para darse cuenta de que el 7,5% que cobra es altísimo. Hay otro aspecto de importancia: combatir la piratería y la clandestinidad es una responsabilidad ciento por ciento de la comisión. Y no se la ha combatido como debía hacerlo”, le apunta a produ.com, María Carolina Peña, secretaria ejecutiva de la Asociación de Operadores de Televisión por Suscripción y Satelital de Colombia. Esta agrupación reune a 30 empresas de TV paga del país que concentran 845 mil abonados de 1.200.000 que tiene registrado formalmente el sector nacional.En mayo pasado, el ente impuso a todos los concesionarios legales de TV por suscripción una suba, del 3% que se cobraba, al 7,5% del total de ingresos brutos mensuales que genera la empresa por la venta de abonos. Esa recaudación, justificó la CNTV, sirve para alimentar el presupuesto de la televisión pública y los contenidos educativos y culturales. A los permisionarios el incremento les pareció “injustificable e irracional”.”Es un impuesto que pone en peligro la actividad legal. Estas cargas de la CNTV, en algunos casos, se agravan. Sólo en Cúcuta, en el municipio, implantaron un nuevo gravamen, de US$50 mil anuales para los operadores legales del territorio. Si los otros municipios imitan esa decisión este mercado ya sería un horror”, subraya Carlos Porras, secretario general de Cablecentro, la empresa líder de TV paga.Tanto Porras como Peña coinciden en que la comisión nada hace para poner límites al juego “sucio” que plantean las televisoras conocidas como incidentales y las que responden a comunidades organizadas, ambas entendidas como operadoras comunitarias que deben entregar un servicio gratuito a los habitantes de sus territorios.”Estas comunidades tienen fachadas de grupo sin fines de lucro y detrás de ellas hay gente con mucho dinero. Cuando se habla de TV comunitaria se debe cumplir con la función para la que fueron creadas. Esa gente en general no lo hace y cuando no pueden cobrar a sus usuarios les cortan el servicio. La CNTV les permite hasta 7 canales codificados. Ellos no sólo bajan 7 sino hasta un promedio de 20, además de otros que llegan a 25. No se puede competir así. Ellos no pagan porque son emitidos sin fines de lucro pero se trata de emporios empresariales. La contratación de canales lo hacen a través de una empresa de Bogotá”, asegura el directivo de Cablecentro.”Este descontrol lleva a que la tarifa promedio de los permisionarios sea muy baja, de US$7 a US$9 por mes. Pero las empresas que no respetan la ley tienen ofertas de US$5 y menos también. Terminan brindando un servicio multicanal sin tener la obligación de pagar nada al ente. No pueden tener más de 6 mil usuarios y son muchos los que tienen más que esa cantidad”, sostiene Peña.Para Porras hay otros ilícitos permitidos que también agreden el negocio. “A los operadores informales hay que sumarle la ilegalidad de los ‘legales’. Hay algunas concesionarias que no hacen los reportes completos a la CNTV. Hay casos que tienen alrededor de 30 mil clientes y reportan sólo mil o 2 mil. Y la CNTV no interviene para nada”, se queja.Las empresas tendrán la posibilidad de exponer públicamente ese desencanto en Cartagena. Todos los sectores de la TV colombiana, tanto licenciatarios como los considerados informales, incidentales y comunitarios, se llegarán con sus respectivas ponencias. El choque entre las propias operadoras y las de todas contra la CNTV ha concitado una gran expectativa en la industria.

Diario de Hoy

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