
Walter Burzaco señaló que la industria del cable requiere de un apropiado marco para la inversión legítima
El Sexto Encuentro Regional de Telecomunicaciones, que comenzó este jueves en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fé, Argentina, fue inaugurado por Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). En su discurso, el empresario difundió las cifras del sector y se refirió al marco legal. Un informe elaborado por la ATVC en base a cifras del Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) señala que en Argentina el cable llega al 54% de los hogares. El mismo estudio da cuenta del potencial de los operadores como proveedores de telecomunicaciones: la penetración del cable en hogares supera a la telefonía fija en casi todas las provincias. El servicio llega a 1.200 localidades y es visto por 20 millones de teleespectadores. El sector emplea a 12 mil personas.Burzaco también informó que en los últimos años, las conexiones ilegales han trepado al 20% del total de la industria, lo que equivale a 1 millón de “colgados”. También existen cerca de 300 mil decodificadores “truchos”. Todo esto representa una evasión indirecta de casi 100 millones de pesos al año. “Un fallo muy reciente, que condena a un año de prisión en suspenso, a un hombre descubierto en el acto de conectar hogares de manera ilícita, sienta jurisprudencia adicional sobre el reconocimiento de este delito”, destacó.En otro tramo de su alocución sostuvo que para avanzar con firmeza se necesita “una ley que tipifique la clandestinidad como delito, junto con un marco que respete la pluralidad de voces, pero limite la entrada de las empresas de servicios públicos a la radiodifusión, incluidas las cooperativas”. El presidente de ATVC sostuvo que la modificación del Artículo 45 de la Ley de Radiodifusión no debe permitir el ingreso de las mencionadas empresas porque, de hacerlo, significaría: crear nuevos monopolios de hecho y de derecho; autorizar que los monopolios de servicios de primera necesidad controlen los medios de comunicación; consolidar la posición dominante de las redes que llegan a los mismos hogares donde presta servicios la TV por cable; favorecer la deslealtad comercial; subsidios cruzados, precios predatorios, prácticas atadas; y maximizar los privilegios impositivos de las cooperativas.”No nos oponemos a la competencia, ni a la multiplicidad de voces. Sí nos oponemos al monopolio de servicios, a la concentración de poder, a las prácticas predatorias y al enmascaramiento de ventajas competitivas ocultas detrás de objetivos solidarios”, subrayó Burzaco, al tiempo que sostuvo que la inclusión de cooperativas de servicios públicos afectará centralmente a las Pymes, que dan cobertura al 70% de las localidades y emplean el 50% de los trabajadores. “La modificación del artículo 45 no debe provocar la desaparición de los cables Pymes, dejando pueblos enteros en manos de los servicios públicos monopólicos. Porque un monopolio de servicios, se transformará rápidamente en un monopolio de ideas”, enfatizó.