Cesar Martin Miniter Ecuador
El gobierno
de Ecuador, encabezado por el presidente Daniel Noboa, recientemente designó a
César Martín como ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información.
Martín tuvo
su primer contacto con la multinacional de telecomunicaciones española
Telefónica y con la mexicana Claro, para reanudar el proceso de negociación de
sus nuevas concesiones, después de que las actuales fueran prorrogadas antes de
su vencimiento.
Martín,
quien asumió la titularidad del Mintel unos días después, aseguró que la
renovación de los títulos seguirá el proceso técnico y económico que brinde los
mejores servicios a los ecuatorianos.
Martín declaró
en comunicado que para el ministerio es prioridad brindar soluciones oportunas
y técnicas a un tema que es de interés nacional, considerando que la
conectividad es un derecho humano básico y fundamental para el desarrollo del
país.
Asimismo, destacó que la intención del nuevo gobierno de Noboa es obtener mejores
condiciones de calidad para los usuarios de las más de 14,6 millones de líneas
de telefonía móvil existentes en el país.
La
renovación para los títulos habilitantes seguirá el proceso técnico y económico
que brinde los mejores servicios a los ecuatorianos, remarcó el ministro
Martín, sobre un trámite a cargo de la estatal Agencia de Regulación y Control
de las Telecomunicaciones (Arcotel).
Las
concesiones de Claro y Telefónica, otorgadas en 2008 por un período de quince
años, fueron prorrogadas en agosto y noviembre, respectivamente, a pocos días
de que vencieran ambas, para garantizar la continuidad del servicio a los
usuarios mientras se retomaba el proceso de renegociación con ambos operadores.
El proceso
había sido suspendido en mayo pasado por la anterior Administración del
presidente Guillermo Lasso, pocos días después de que llevara al país a unas
nuevas elecciones generales extraordinarias, al disolver la Asamblea Nacional
(Parlamento), mediante la aplicación de la figura constitucional de la “muerte
cruzada”.
La
suspensión se dio inicialmente por 120 días, para que diversas instituciones
ecuatorianas remitieran informes técnicos en medio de posturas distanciadas
entre la administración pública y las empresas por el valor a pagar por parte
de las compañías, para recibir las nuevas concesiones.
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