La creciente competencia por atracción y captura de audiencias se ha traducido en que la contratación de plataformas OTT entre los hogares pasó de 1,6% del total en 2011 a 24,8% en 2018. Son precisamente los jugadores del extranjero los que se han beneficiado de un marco fiscal y regulatorio que aún no contempla su operación, indicó Ernesto Piedras, director general de The CIU.
“Efectivamente, estamos en presencia de un escenario de competencia desleal e inequitativa para nuestros productores y empresas de contenidos nacionales, circunstancia que, entre muchos otros efectos, menoscaba el desarrollo de la industria mexicana”.
“En esencia proponen homologar las cargas impositivas y regulatorias con las empresas nacionales. A partir de ello e incluso por iniciativa propia, diversas legislaciones alrededor del mundo se han dado a la tarea de regular a las plataformas OTT extranjeras como una vía para establecer un equilibrio e impulsar el desarrollo de la industria”.
Dijo que recientes iniciativas parlamentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretenden dejar atrás el escenario de vacío legal y laxitud normativa para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales. Ello a partir, no de la creación de impuestos especiales o nuevos gravámenes, sino de la simple aplicación del IVA a plataformas y servicios digitales extranjeros.
“Es momento de que dejemos el retraso fiscal para el mundo digital de siete años y nuestro país se sume a la lista de naciones que han dedicado esfuerzos para encontrar un balance competitivo para la innovación, incentivos a la inversión y desarrollo de la industria nacional de contenidos audiovisuales”.
