El año pasado se aprobó en Colombia la Ley de Cine, la legislatura más importante que se ha producido en materia de cine en el país ya que tiene como objetivo recaudar dineros para financiar la producción de largometrajes y cortometrajes de cineastas nacionales. No obstante, a comienzo de este mes, La Secretaría de Hacienda de Bogotá demandó dicha ley afirmando que esta iniciativa viola el artículo 294 de la Constitución Nacional que prohibe tratamientos preferenciales a sectores específicos. A raíz de este hecho, la ministra de cultura, María Consuelo Araujo Castro, dijo que se cometía un grave error con la demanda, ya que el dinero que la nueva legislación destina al cine no está dirigido a un sector específico sino a la sociedad colombiana entera. “El cine no es una actividad de unos pocos, sino un medio de interés social definido por varias leyes de la República y reglamentado como determinante en los programas nacionales de educación y cultura”, afirmó.Por su parte, Gustavo Nieto Roa, presidente de la Asociación de Productores y Directores de Cine de Colombia, afirmó lo siguiente en una carta dirigida a la Corte Constitucional: “Colombia está de plácemes porque el cine no es para las minorías. Todo lo contrario. Su naturaleza está pensada y creada para la colectividad de los países, para transformar la mente social, para concientizarla, sensibilizarla, recrearla y divertirla. Una película es un producto cultural de carácter masivo, cuya razón de existir estriba en los grandes núcleos sociales que asisten a observar la vida representada en imágenes y sonido, lo que pasó hace años, lo que pasa ahora, lo que nos asusta, lo que nos alegra a todos los colombianos, contado en nuestro idioma, con nuestros modismos, con nuestras costumbres, con nuestras historias y formas de relacionarnos”.De acuerdo con los cálculos preliminares del Ministerio, la Ley de Cine otorgaría unos seis mil millones de pesos (aprox. US$3 millones 50 mil) anuales los que se usarían para el fomento de una industria cinematográfica colombiana. Mediante la nueva Ley, se recaudarían impuestos de distribuidores y exhibidores (8,5% del precio de la boleta) y productores de cine (5%). De estos recursos, 70% sería para la producción directa y el 30% restante para la promoción, formación y distribución de las películas. Además, tendría un incentivo de deducción tributaria de 125% sobre la renta a los particulares que hagan inversiones o donaciones para el cine colombiano.