La Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) ha emitido un comunicado abierto donde considera que a cualquier empresa gestionante de una licencia de TV para abonados que se ajuste a los reglamentos que exige la ley, concederle el permiso será un acto debido y no podrá negarse por la administración estatal. La entidad difundió la misiva en momentos en que vence el período de concesiones de licencias para operar TV paga.Para la entidad, “10 años de exclusividad y oligopolio parecen suficiente privilegio como para determinar de ahora en más el cumplimiento en los servicios de televisión para abonados, de la libertad de mercado establecida por la Constitución de la República”.Actualmente en Uruguay existen diversas normas que rigen el mercado televisivo pago pero estarían “dispersas” según APU. Los periodistas uruguayos evalúan que “quienes han usufructuado hasta la fecha las licencias otorgadas lo han hecho en un régimen de reparto de mercado, quedando excluida la libertad de comercio”.En otro párrafo se señala, apoyándose en las expresiones del abogado Carlos Dellpiazo, autor de Régimen jurídico de la TV para abonados en Uruguay, que en marzo 2003 se aprobó por decreto 115/03 el reglamento para otorgar licencias en materia de telecomunicaciones, que incluye a la televisión para abonados.Según la norma, “URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones) tiene facultades para otorgar sin limitaciones licencias en varias áreas, incluida la TV paga, siempre que se cumplan determinados requisitos genéricos”.En tal sentido, en los artículos 13 a 15 de la Ley 17243 de fecha 29 de junio de 2000 se establecen normas sobre defensa de la competencia, disposiciones que luego fueron ampliadas por los artículos 157 a 159 de la Ley de Presupuesto Nacional 17296 de 21 de febrero de 2001. Un artículo de ley del 2002 ordenó a URSEC “prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante”.En este escenario se están desenvolviendo las empresas concesionarias en Uruguay, donde un llamado para cubrir ciudades pequeñas está en marcha y donde la revocación de permisos depende directamente del Poder Ejecutivo que encabeza Jorge Batlle.
