TELEVISIÓN
Venevisión presenta 48 denuncias en contra del procedimiento oficial
Maribel Ramos-Weiner| 24 de febrero de 2003
Venevisión en competencia como Canal de TV abierta del año
El Departamento Legal de Venevisión encabezado por María Inés Loscher, presentó en la tarde de este lunes, ante el Ministerio de Infraestructura (Minfra), los argumentos de defensa en respuesta al procedimiento iniciado por el organismo en su contra el pasado 5 de febrero. Los argumentos que esgrime la televisora se basan en tres aspectos: las violaciones a diversos derechos fundamentales de Venevisión, vicios de ilegalidad tanto formales como materiales en que ha incurrido el procedimiento y, en tercer lugar, rechazo de los nueve cargos levantados en su contra. De acuerdo a los abogados de la empresa existen 48 denuncias sobre actos inconstitucionales, vicios ilegales y falsedad de los cargos imputados. Entre las violaciones de la constitucionalidad el departamento legal de Venevisión destaca que el juez natural para pronunciarse en este proceso es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y no el Minfra como ha sido el caso; ausencia de imparcialidad al permitir que sea una autoridad política la que procese el caso y no una autoridad independiente; violación del derecho a la libertad de expresión al permitir el control del Estado sobre el ejercicio de la actividad, sobre el contenido de las informaciones y sobre las opiniones transmitidas.En el documento, Venevisión rechaza los cargos levantados ya que el canal con las transmisiones realizadas simplemente estaba ejerciendo su derecho legítimo a la libertad de expresión e información “por lo que el primer cargo representa, per se, un atentado al contenido esencial de ese derecho, al considerar que Venevisión patrocinó las opiniones y mensajes emitidos por terceros”.El documento presentado por el canal también califica como falso el hecho de que las transmisiones de opiniones de terceros y de los comerciales hayan incitado a la rebelión y al irrespeto de las instituciones y autoridades legítimas.
