TELEVISIÓN
Radiodifusores peruanos se disculpan públicamente
8 de octubre de 2001
(Ernesto Sánchez, Lima). La Unión Peruana de Radiodifusión (UPR) que preside Francisco Anchorena y agrupa a 80% de los canales de televisión y radioemisoras del país, emitió un comunicado donde señala que “la TV peruana fue víctima de una gran operación de chantaje para ponerla al servicio del pasado gobierno y por tal hecho, pide disculpas al país a nombre de los afiliados que hubieran tenido una inadecuada conducta”.El comunicado publicado en los diversos medios (prensa, radio y TV) tiene su origen en el escándalo suscitado a raíz del soborno del presidente de Panamericana TV, Ernesto Schütz.El documento señala que la TV peruana data de hace más de 40 años y que 90% de los hogares peruanos tiene un televisor, es decir más de 20 millones de personas. Dice: “en la última década un proyecto autoritario (de Fujimori) intentó controlarla. Manipuló una millonaria inversión publicitaria del Estado, presionó tributariamente, usó el control del Poder Judicial como mecanismo de coerción, controló las fuentes gubernamentales de información periodística e hizo uso de todos los medios imaginables”.“Todo esto -afirma la UPR- no justifica que la mayoría de los directivos de los medios televisivos cediera al chantaje gubernamental y que incluso algunos de ellos recibieran dinero de manos de Vladimiro Montesinos. Nunca debió permitirse la intromisión del gobierno en los asuntos internos de las empresas televisivas. No debió aceptarse la manipulación informativa ni la pérdida de independencia para servir los intereses del gobierno”.La UPR demanda al actual gobierno y a todos los sectores políticos, el más firme compromiso de respeto irrestricto de la libertad de expresión y a la independencia de la televisión y de todos los medios de comunicación, para que la historia no se repita.Finalmente consigna que “tampoco tiene justificación el pretender responsabilizar a las empresas por las acciones de sus directivos. Si ellos han cometido o no delitos y si deben o no ser castigados, son asuntos que debe resolver sin interferencias el Poder Judicial”.
